Una investigación de La Fe y la UV sitúa a la consulta médica como espacio de detección de violencia de género

El proyecto se enmarca en las iniciativa de ayudas para proyectos de investigación coordinados entre la UV y La Fe.

El proyecto de investigación 'Violencia de género y sanidad: la consulta médica, un espacio de detección' desarrollado por Ana Montesinos García de la Universitat de València y Ángela Escribano Martínez del Hospital Politècnic i Universitari La Fe de València, se ha desarrollado analizando dos ámbitos íntimamente interrelacionados: el sanitario y el judicial. El proyecto se enmarca en las iniciativa de ayudas para proyectos de investigación coordinados entre la UV y La Fe.

Las investigadoras han revisado los informes médicos y partes de lesiones elaborados por personal facultativo del Servicio de Urgencias del Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València, en la asistencia de mujeres que pudieron estar sufriendo una situación de violencia de género. La incorporación y valoración del riesgo de los casos calificados como violencia de género en el programa SIVIO de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, el análisis que algunos juzgados de violencia sobre la mujer de València otorgan a los informes o partes médicos, así como los expedientes judiciales por violencia de género del Juzgado de Violencia sobre la mujer, componen el material de estudio de este proyecto.

Desde enero de 2015 a septiembre de 2016, se estudiaron un total de 117 casos con diagnóstico de violencia de género. Se analizaron 14 muertes con procedimientos judiciales previos. La mayoría de las mujeres que acudieron al Servicio de Urgencias fueron atendidas en la Unidad de Medicina de Urgencia y fueron diagnosticadas y tratadas por lesiones físicas.

De estos 117 casos vistos en el Servicio de Urgencias del Hospital y recogidos en el estudio, se confirma que el personal realizó los informes médicos o partes de lesiones en la mayoría de los casos. En concreto, sí hubo informe médico o parte de lesiones en 97, de los 117 casos.

Las autoras del estudio resaltan que existe la obligación legal de poner en conocimiento de la autoridad judicial la posible comisión de un hecho delictivo ante la constatación de malos tratos por parte del personal sanitario mediante la notificación al juzgado del parte de lesiones. Destacan, además, que el personal sanitario no está amparado por el secreto profesional y que debe comunicar determinados datos del paciente aunque ceda, de esta manera, la intimidad frente al interés público o la salud de terceros.

El trabajo de Ana Montesinos (UV) y Ángela Escribano (La Fe) analiza la interrelación entre el ámbito sanitario y el judicial

Las conclusiones del estudio han servido para la redacción de los planes autonómico y estatal contra la violencia de género